La decisión adoptada por el Ministerio de Justicia, en octubre de 2024, de dar de baja los convenios suscriptos con las provincias modificó sustancialmente el esquema de control y verificación de deudas vinculadas a los automotores. Esos acuerdos permitían que las jurisdicciones informaran las deudas por patentes, sellados y multas de tránsito asociadas a vehículos radicados en sus territorios. Como consecuencia de su eliminación, actualmente es posible transferir vehículos sin necesidad de cancelar previamente multas, patentes o sellados adeudados.
Ante el escenario generado por esta medida, la Cámara del Comercio Automotor advirtió en noviembre de 2024 sobre las consecuencias que podría tener para usuarios y comerciantes. Mediante una nota dirigida al entonces responsable de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la entidad señaló que la nueva situación implicaba una multiplicidad de trámites para los ciudadanos y generaba un marco de inseguridad jurídica que afectaba particularmente a quienes desarrollan actividades comerciales vinculadas al sector automotor.
En paralelo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial continúa emitiendo el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), requisito para la obtención de licencias de conducir, utilizando como base la información registrada en el Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI).
Frente a la desaparición del esquema previo de intercambio de información, provincias y municipios impulsaron la creación del Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS). A través de esta plataforma, las jurisdicciones que se encuentran adheridas suministran a los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor información sobre multas, patentes y sellados correspondientes a vehículos radicados en sus territorios.
Sin embargo, el funcionamiento actual del sistema plantea serios interrogantes. Los informes emitidos por el SUATS no garantizan que contengan la totalidad de las infracciones registradas sobre un vehículo determinado. En algunos casos, un informe refleja la existencia de determinadas multas en una fecha específica y, posteriormente, un nuevo informe incorpora infracciones anteriores que no habían sido consignadas en el documento original. Esta situación genera incertidumbre y resta utilidad práctica a la información proporcionada.
´´Se necesita tener un sistema que informe y que dé certeza. Cuando se pide un informe hoy aparecen una cantidad determinada de infracciones cuando se vende un auto. Por ejemplo, pueden aparecer 4 o 5 infracciones. Dentro de un tiempo, puede ser en 8 meses, una semana o un mes, pueden aparecer infracciones anteriores a la fecha que se había pedido el informe anterior. Con lo cual, el procedimiento no da ningún tipo de seguridad jurídica ni de ningún tipo ante una persona que compra un vehículo usado. Tenemos casos en donde han aparecido hasta 20 millones de pesos de infracciones que no habían cargado. Es una locura´´, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA.
De esta manera, el denominado “informe de deuda” no alcanza la condición de “libre deuda”, herramienta considerada indispensable para brindar seguridad en las operaciones comerciales vinculadas con automotores. Además, la experiencia demuestra que la información que contiene puede resultar incompleta o inexacta.
Desde la óptica de la seguridad jurídica, tanto para los particulares como para cualquier transacción económica relacionada con vehículos, resulta esencial que los informes emitidos por el SUATS respecto de las multas posean carácter de libre deuda o, al menos, produzcan efectos equivalentes que otorguen certeza a las partes involucradas.
Con ese objetivo, se considera imprescindible establecer una serie de condiciones. En primer lugar, que los sistemas tributarios que adhieran al SUATS no puedan incorporar infracciones antiguas y que las cargas de nuevas multas se realicen dentro de un plazo máximo de 30 días desde su generación. Aunque ese plazo tiene carácter aspiracional, cabe recordar que sistemas anteriores contemplaban períodos de hasta 90 días. Asimismo, se propone que los organismos ya integrados al sistema no puedan incorporar deudas con más de 30 días de antigüedad respecto de la fecha de carga. Finalmente, se plantea que los certificados o informes de libre deuda indiquen expresamente que podrían existir infracciones pendientes de incorporación al sistema, aunque dichas deudas no deberían superar los 30 días anteriores a la emisión del certificado.
Lo que estamos pidiendo desde la Cámara es cuando se emita un informe de infracciones, se corte en ese momento lo que sea la carga anterior a esa fecha o establecer un plazo que puede ser de 30 días para atrás, no más. Con lo cual, si no se cargaron todas las infracciones a ese momento cuando se pide el informe, quedan descartadas. No puede haber un sistema que dice hoy se debe tanto y días después aparece una deuda mayor. Eso es inadmisible. Por supuesto, la solución definitiva sería que la infracción fuera al DNI del titular y no al auto en sí. Pero ese es un tema un poco más difícil. Acá de lo que estamos hablando es en el proceso de carga y en la forma de cómo se informa. Nada más que eso. Tener algún tipo de seguridad. No se puede comprar un bien, como si comprara una casa, el escribano verifica la deuda que tiene esa casa y, de repente, el día que se la quiere vender que, en realidad, tenía más deudas anteriores´´, agregó Lamas.
Según la posición sostenida por la CCA, una solución de estas características permitiría compatibilizar dos objetivos fundamentales. Por un lado, preservaría el carácter sancionatorio de las multas como herramienta destinada a promover la seguridad vial. Por otro, garantizaría la seguridad jurídica necesaria en la relación entre el Estado y la comunidad, así como en las operaciones comerciales vinculadas al mercado automotor, evitando que el sistema sea percibido como un mecanismo orientado exclusivamente a la recaudación.
En este contexto, el 22 de septiembre de 2026 representantes de la CCA mantuvieron una reunión con el presidente del SUATS, el doctor Germán Krivocapich, responsable de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro se expuso la problemática y se presentó un caso testigo para ilustrar las inconsistencias detectadas en la operatoria actual. No obstante, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta formal. En esa misma reunión, el funcionario informó que se encontraba en análisis la celebración de un acuerdo con la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.
