La semana pasada, el Gobierno nacional dio de baja un mecanismo impositivo que había implementado Sergio Massa, durante su gestión en el Ministerio de Economía, y que implicaba el pago anticipado de tributos para las empresas que quisieran importar.
El sistema fue creado para financiar el “plan platita” que había impulsado el entonces candidato presidencial como parte de su campaña electoral. Era una «caja» millonaria que generó una deuda que fue en aumento hasta ahora.
El gobierno de Javier Milei corrigió su polémica decisión que había tomado a fin del año pasado de mantener ese régimen.
En el Boletín Oficial del 30 de diciembre se publicó la Resolución General N° 5624 de la ARCA (ex AFIP) que dispuso prorrogar hasta el 30 de junio de 2025 la suspensión de la aplicación de las ventajas impositivas en IVA y Ganancias para la importación de numerosos bienes. Uno de los sectores afectados es el automotor, aunque impacta en varios rubros.
Se trata de un anticipo de IVA adicional que deben pagar las empresas cuando nacionalizan un bien. Además del IVA del 21%, hay un alícuota de 20% que se debe anticipar a modo de recargo.
Massa había dispuesto que las empresas debían pagar el anticipo igual, para incrementar la recaudación en la etapa preelectoral, con la promesa de que iban a recuperar el dinero en el momento de la venta del producto importado.
El problema es que las empresas iban generando cada vez más crédito fiscal que superaba el monto que podían recuperar.
En el inicio de la gestión de Javier Milei, con las cuentas fiscales en rojo, se decidió renovar la suspensión de esa eximición de pago. El plazo vencía a fin de año y, con la resolución de la ARCA, se volvió a confirmar la medida kirchnerista.
Ante los reclamos del sector privado, el Gobierno nacional rehabilitó, la semana pasada, el certificado de exclusión de IVA e Impuesto a las Ganancias para importaciones.
Mediante la Resolución General 5.655/2025 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó la suspensión de los certificados de exclusión del Impuesto a las Ganancias y al valor agregado para las operaciones de importación.
El certificado de exclusión es un documento emitido ARCA que permite a un contribuyente quedar exceptuado de ciertas percepciones o retenciones impositivas.
En este caso, evita el pago anticipado de IVA y Ganancias en importaciones, cuando la empresa demuestra que dichos anticipos generan un saldo a favor que no podrá compensar en el corto plazo.
De esta manera, le quita un costo financiero que, de alguna forma, se trasladaba al precio final de los 0km. Por ejemplo, en la importación de un auto chico – con un precio de venta de menos de $30.000.000, alrededor de un millón de pesos quedaba en poder de ARCA y no se devolvía.
Si se suma toda la industria automotriz, la «caja» representa miles de millones de pesos.
La medida es positiva porque le pone fin al flujo de dinero que iba en aumento.
El problema es que esta decisión soluciona el problema para adelante, pero no tiene en cuenta el monto acumulado hasta ahora.
Es por eso que las automotrices están en negociaciones con el equipo económico para buscar un mecanismo que permita ir saldando esa deuda.
La estimación del monto en juego varía según las fuentes, pero va de los u$s900 millones a los u$s1.200 millones. Para tener una idea, ese dinero equivale a dos o tres proyectos de inversión para producir un nuevo modelo.
Por ejemplo, Stellantis está invirtiendo u$s385 millones en Córdoba para fabricar una familia de pickups. El caso de Ford, para la nueva Ranger, invirtió alrededor de u$s600 millones en la planta de General Pacheco.
Funcionarios del área económica reconocen el reclamo de las automotrices, pero la situación fiscal no es tan holgada para pagar esa deuda de inmediato.
Las empresas también entienden la situación del gobierno actual, que heredó este polémico régimen en medio de un escenario de abultado déficit fiscal, y admiten que no pretenden la cancelación de la deuda de un día para el otro. En ese sentido, empresarios que dialogaron con ARodarPost destacan la decisión del ministro, Luis Caputo, de terminar con esta medida para que no se siga generando más deuda.
A través de diversas reuniones, llegaron al acuerdo para dar de baja el régimen impositivo y, en las próximas semanas, seguirán los contactos para avanzar en la otra parte del problema.Todavía no está claro cómo se saldará este dinero que fue cobrado por el Estado, pero que pertenece a los privados. Como sucede habitualmente en estos casos, una salida es la creación de un bono para ir pagando lo adeudado de forma gradual.
