El caso Toyota: de la deuda de casi u$s3.000 millones que le dejó Massa a invertir u$s1.800 millones (todo en 3 años)

Horacio Alonso

La Argentina es un país de contrastes y el sector automotor no es ajeno a eso. Toyota Argentina comunicó hoy oficialmente al gobierno nacional la decisión de invertir más de u$s1.300 millones para la producción de un nuevo modelo en el país y la construcción de una nueva planta en el mismo predio que, actualmente, ocupa en Zárate.

El CEO local de la compañía, Gustavo Salinas, se reunió este mediodía con el presidente Javier Miley y el ministro de Economía, Luis Caputo para formalizar el anuncio (ver nota).

En realidad, el desembolso que está realizando la terminal japonesa es mayor, de unos u$s1.800 millones, si se suma el dinero que ya destinó para la renovación de su pick-up Hiux que se lanzará el mes próximo. Son alrededor de u$s400 millones adicionales.

Esta inversión es la más importante que realiza una automotriz en la Argentina, lo que marca la magnitud de esta decisión. No hay en la historia de la industria automotriz local el desembolso de un monto de esta envergadura.

Como destacó la empresa y, obviamente, los funcionarios del Gobierno, para confirmar este proyecto – se trata de la pick-up Tacoma en su versión híbrida – fue clave el RIGI, el régimen de incentivo fiscal que puso en marcha la actual gestión.
Mucho se habla de esta medida en el ámbito energético, minero o de los hidrocarburos, pero no era utilizado, hasta el momento, por la industria automotriz.

Además de la inversión directa que realizará Toyota, el proyecto generará un movimiento económico muy importante en la cadena de valor, los autopartistas y demás. También generará una cifra alta de mano de obra.

El contraste al que se hacía alusión en el inicio de la nota tiene que ver con la situación que atravesó la automotriz hasta hace tres años.
Toyota, como el resto de las terminales, tuvieron que enfrentar un serio problema durante los últimos dos años del gobierno kirchnerista, especialmente en la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, a raíz del cepo al dólar que se aplicó en ese período.

La falta de divisas a la que llegó el gobierno anterior fue tan extrema que las industrias no tenían dólares para importar insumos ni autos. Hay que recordar que, por el control de cambios, había una brecha de más del 100% entre el dólar oficial y el blue.

Las importaciones se manejan, obviamente, por el canal legal. Las empresas debían pedir al Banco Central que les vendiera la cantidad de divisas para pagar sus importaciones.

El estrangulamiento cambiario hacía que el Central no tuviera dólares para todos y administraba los pocos que tenía. Fue una situación similar a la que se vivió entre 2013 y 2015, durante la conducción de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. En el caso de Massa, posiblemente, haya sido peor.

Al no recibir los dólares, las automotrices y los autopartistas (en realidad, todo el sector industrial) comenzaron a tener problemas con sus proveedores del exterior por no poder pagar en término sus compras. Esto afectaba a las autopartes como a los vehículos terminados.

Los proveedores del exterior empezaron a cortar los envíos por falta de pago a la mayorá de las empresas.
Ante la inminente parálisis de la industria, el ministro Massa implementó un mecanismo compulsivo para que las empresas utilizaran dólares propios – que debían pedir a sus casas matrices o vía crédito – para seguir importando con la promesa que, en determinado plazo, el Central iría liberando los dólares. Concretamente, el Estado obligó a las empresas a que financiaran sus importaciones hasta que aparecieran los dólares oficiales. Había distintos plazos de pago, según los rubros. Podían ir de 90 a 360 días.

Esto generaba un grave problema financiero para las empresas por el costo del dinero que debían afrontar, sin contar que no todas tenían la voluntad de su casa matriz de funcionar como ´´prestamista´´

El problema fue que Massa no ganó la elección – el triunfador fue Milei – y, automáticamente, la deuda quedó en una nebulosa. Se podría decir que se fue sin pagar.

Se estima que el sector automotor, entre las terminales y los autopartistas, se quedaron con una deuda de alrededor de u$s7.000 millones.

Después de algunos meses en el cargo, el ministro Caputo implementó un mecanismo para ir saldando la deuda que tenía el Estado y que había generado Massa, más preocupado en ese entonces en utilizar los pocos dólares que había en financiar su campaña electoral.

Así apareció el Bopreal, un bono que creo la actual gestión para ir saldando la deuda que había dejado el gobierno de Alberto Fernández.

En esa deuda, Toyota – por ser la terminal más grande del país – cargaba con una parte muy importante. Se estima que a diciembre del 2023 era cercana a los u$s3.000 millones.

En Tokio, donde está la casa matiz de la automotriz, la Argentina se había convertido en un gran problema y el enojo con las autoridades salientes del país era proporcional a la magnitud de la deuda.

En ese tiempo, la filial local estaba negociando la inversión para renovar a la actual Hilux y, según trascendió de distintas fuentes, el proyecto corrió peligro. De hecho, sufrió varias postergaciones. Internamente, en la empresa reconocen que la deuda de Massa fue un golpe muy duro para Toyota Argentina.

Durante estos tres años, con el cobro paulatino de la deuda y numerosas conversaciones, la casa matriz volvió a apostar por la Argentina. Primero con la renovación de la Hilux y luego con esta millonaria inversión.

Es cierto que las automotrices y, en especial, Toyota proyectan a largo plazo y no depende de la coyuntura de un país ni de quién gobierna. De hecho, es conocida la anécdota respecto a esta empresa que, en plena convulsión política y económica de la Argentina, a comienzos de 2002, mientras, mientras los ahorristas golpeaban las puertas de los bancos reclamando su dinero, la automotriz realizó, en un hotel céntrico, su inversión más importante en el país, antes que la actual.

Siempre se repite en esta industria que esas decisiones se toman más allá de los gobiernos de turnos. Tratan de mantener neutralidad y no mostrar que invierten porque hay tal o cual partido en el poder. Lo mismo cuando se toman decisiones drásticas, como la salida de Nissan del país, no están directamente relacionadas con el presidente de turno.

Más allá de esta posición de las empresas, es para remarcar cómo pasó Toyota de reclamar una deuda de casi u$s3.000 al estado argentino hay invertir casi u$s2.000 en el país

Share This Article