La agenda de desregulación que impulsa el Gobierno nacional parte de un objetivo compartido por gran parte de la sociedad: eliminar trabas burocráticas, reducir costos y mejorar la competitividad de la economía. En muchos ámbitos, ese camino puede generar beneficios concretos.
Sin embargo, no todos los mercados funcionan bajo la misma lógica. Existen actividades donde la regulación no representa un obstáculo para la competencia sino una condición indispensable para proteger a quienes depositan su dinero durante muchos años. Ese es el caso de los planes de ahorro para la compra de vehículos (ver nota)
El anteproyecto de Ley de Desregulación propone modificar profundamente el esquema que hoy regula esta actividad. La discusión merece un análisis mucho más profundo que el simple dilema entre regular o desregular.
Un sistema que moviliza una parte importante del mercado automotor
Los planes de ahorro existen en Argentina desde hace más de medio siglo y se consolidaron como uno de los principales mecanismos de acceso al auto 0 kilómetro.
Actualmente representan alrededor entre un 22% y un 25% de las ventas de vehículos nuevos y, en determinados períodos, llegaron a explicar cerca del 40% del mercado. Detrás de esas cifras existen millones de personas que utilizan este sistema porque, en gran medida, no tienen acceso al crédito bancario tradicional.
No se trata de un instrumento financiero marginal. Es uno de los pilares del mercado automotor argentino.
¿Por qué existe una regulación específica?
El sistema funciona sobre una premisa sencilla: miles de personas aportan dinero durante siete años para financiar la compra de vehículos mediante adjudicaciones periódicas. Pero esa simplicidad esconde una enorme complejidad técnica.
Las administradoras manejan fondos de terceros, administran grupos cerrados, calculan valores móviles, realizan actos de adjudicación y deben garantizar que todos los integrantes reciban un tratamiento equitativo y justo durante toda la vida del plan.
Por esa razón, desde hace décadas la Inspección General de Justicia (IGJ) supervisa la actividad mediante reglas que establecen requisitos de solvencia, control de inversiones, transparencia contractual y fiscalización permanente.
Lejos de impedir la competencia, ese marco regulatorio busca que todas las empresas jueguen con las mismas reglas.
Los riesgos de una desregulación total
El principal problema de eliminar esa regulación es que el mercado dejaría de contar con un conjunto de controles preventivos, que aseguren su correcto funcionamiento.
Sin exigencias mínimas de solvencia podrían ingresar operadores con escaso respaldo financiero, incrementando el riesgo de incumplimientos o incluso de quiebras. Esto generaría un perjuicio las miles de personas que pueden estar dentro.
Al mismo tiempo, desaparecería la revisión previa de los contratos, permitiendo la incorporación de cláusulas más complejas o potencialmente abusivas que los consumidores difícilmente puedan detectar antes de firmar.
También surgirían interrogantes sobre la administración de los fondos de los ahorristas. Hoy existen límites respecto del destino de esos recursos y mecanismos de supervisión permanente. Una flexibilización absoluta podría habilitar inversiones de mayor riesgo utilizando dinero que pertenece a terceros.
En un sistema donde los contratos duran siete años, la prevención resulta mucho más eficiente que la reparación judicial posterior, sabiendo que los tiempos de la justicia tampoco ayudan.
El problema de la confianza
Los planes de ahorro funcionan, ante todo, porque existe confianza. Quien comienza a pagar un plan acepta realizar aportes durante años con la expectativa de que el sistema funcionará correctamente hasta el final del contrato.
Si esa confianza se deteriora, el efecto no impacta únicamente sobre una administradora. Puede extenderse a todo el mercado, provocando menos suscripciones, más renuncias, menor producción de vehículos y una reducción de la actividad en toda la red comercial.
En un mercado donde el plan de ahorro explica una porción tan significativa de las ventas, cualquier cambio regulatorio tiene consecuencias mucho más amplias que las de una simple modificación administrativa.
Una discusión que también es jurídica
Existe además un aspecto menos visible. Los grupos de ahorro reúnen adherentes de todas las provincias. Sin un organismo nacional que establezca criterios homogéneos, podrían multiplicarse interpretaciones judiciales diferentes sobre un mismo contrato.
La consecuencia sería mayor litigiosidad, incertidumbre para las empresas y mayores costos que, finalmente, terminarían trasladándose a los propios consumidores.
Inclusive sin impacto en las empresas, podría generar desigualdad entre los miembros de un mismo grupo de ahorristas, rompiendo el principio de equidad.
Regular mejor, no regular menos
Sostener la necesidad de una regulación no significa defender el statu quo. El sistema puede y debe modernizarse.
Existen oportunidades para incorporar herramientas digitales que mejoren la trazabilidad de los fondos, aceleren los controles, aumenten la transparencia de las adjudicaciones y fortalezcan el acceso de los consumidores a la información.
También resulta razonable revisar requisitos de solvencia, simplificar procedimientos administrativos y actualizar normas que fueron concebidas en otra época. La regulación debe evolucionar junto con el mercado.
Una decisión con impacto económico y social
La discusión sobre los planes de ahorro excede al sector automotor.
Involucra el ahorro de millones de personas, una parte significativa de las ventas de vehículos nuevos y una herramienta de inclusión financiera que durante décadas permitió acceder a un automóvil a familias que difícilmente hubieran podido hacerlo por otras vías.
Por eso, antes de avanzar hacia una desregulación integral conviene preguntarse qué problema se busca resolver y si los beneficios potenciales justifican los riesgos que podrían generarse.
En algunos mercados, eliminar regulaciones innecesarias mejora la competitividad. En otros, modificar la regulación de manera inteligente, constituye precisamente la condición que permite potenciar las bondades para los clientes y que exista confianza, competencia y crecimiento sostenible.
Desde mi punto de vista los planes de ahorro forman parte de este último grupo. Necesitamos modernizar la actual normativa, para darle más dinamismo, flexibilidad y competitividad; sin perder trazabilidad, transparencia y solvencia.
(Santos Doncel Jones es especialista en la industria automotriz)
