Por Horacio Alonso
A partir de hoy comienza a regir la nueva resolución de la AFIP que prorroga por dos meses la actual base tributaria de los Impuestos Internos para los autos.
Para los fines prácticos de los consumidores, nada cambia y habrá que esperar hasta agosto para una nueva actualización.
Es un buen momento para analizar qué pasa con este recargo fiscal del mal denominado impuesto al “lujo”, aunque afecte a modelos del segmento mediando y chico.
La pregunta que se escucha cada vez con más frecuencia es por qué no se elimina y se retorna a la situación anterior al 2012, cuando no era un problema.
Los Impuestos Internos regían desde antes y no afectaba a la mayoría del mercado automotor. Sólo alcanzaba a vehículos muy exclusivos y a otros bienes como yates o joyas, con una alícuota baja. Pero, a partir de ese año, se amplió y fue sumando cada vez más modelos de autos.
Su vigencia actual responde a diversos motivos, según la visión de cada gobierno.
En tiempos del kirchnerismo comenzó por una cuestión de falta de divisas, no por un fin recaudatorio. La generalización del tributo buscaba desalentar la importación de 0km que, en su mayoría. Especialmente, los de alta gama. Esto provocaba una salida fuerte de dólares. A medida que escaseaban más los billetes verdes, más se ampliaba el impuesto.
Se podría decir que había un motivo secundario que tenía que ver con lo ideológico (aunque es una opinión para el debate) y que se utilizaba para castigar, a través de mayor presión fiscal, a consumidores de niveles socioeconómicos altos que no simpatizaban con ese gobierno.
En ese caso, la crisis cambiaria era funcional al pensamiento político. Pero es un dato incomprobable como para ser tenido en cuenta.
Con el gobierno de Mauricio Macri, se modificaron las escalas y se alivió la presión fiscal, pero no se eliminó, pese a lo prometido en campaña.
Desde las automotrices reconocen que el argumento que más se escuchaba en algunos despachos oficiales para no dar de baja ese recargo impositivo tenía que ver con lo político. “Lo que nos decían era que no podían quitar un impuesto que se veía como dirigido a las clases altas, mientras estamos haciendo un ajuste, subiendo tarifas y otras medidas que afectan a las clases medias y bajas. Iba a acrecentar la idea de que gobernaban para los ricos. Entonces, tenían que mantener el impuesto aunque atenuado”, comentaron desde algunas terminales.
Aunque parece difícil de creer, esa es la argumentación que se daba y la realidad mostró que sólo se redujo.
Con la actual gestión – autodefinida como defensora de las ideas liberales – se esperaba que se tomara una decisión drástica en esa línea. Pero no está sucediendo.
La explicación que se deja trascender ahora en el sector, como la motivación principal que esgrimen los funcionarios para no eliminarlo, es meramente recaudatoria. El cálculo que realizaron en el gobierno es que la quita de ese impuesto significaría una pérdida en la recaudación cercana a u$s600 millones.
En esa cifra no está contemplado lo que aumentaría la recaudación como consecuencia de la mayor cantidad de ventas que habría por la baja de precios que se produciría al quitarle una importante carga fiscal que impacta muy fuerte en el valor de los 0km. Obviamente, esto tendría que suceder en un contexto de mayor competencia.
La mayor parte de los 0km alcanzados por este impuesto pagan la primera escala que implica un aumento de precio de 25%. Esto hace que se vendan menos vehículos. Por esta situación, el Estado deja de recaudar un 38% del valor de cada auto no vendido, teniendo en cuenta que la parte más importante llega de extrazona y tienen un 35% de arancel externo y un 3% de Tasa de Estadísticas.
No hay ningún estudio que demuestre que este no es cierto, pero tampoco hay alguno que diga lo contario. Son teorías.
En las empresas explican que el gobierno prefiere resignar ingresos en otro tipo de medidas, como las ya anunciadas de no cobrar retenciones para las exportaciones incrementales o reducción impositiva para bienes de capital, antes que en quitar Internos. Lo que se evalúa es que su eliminación no tiene impacto importante en materia de producción o empleo. Afecta, especialmente, a modelos importados. Sólo alcanza a algunos de producción nacional, ya que la mayoría de lo que se produce en el país son pickups que están exentas.
Con cierta picardía, algunos importadores aseguran que en ADEFA – la asociación que agrupa a las terminales – no tienen mucho interés en que se quite este impuesto porque les deja el mercado para vender más pickups nacionales.
“A mucha gente le gustaría comprar SUV importados, pero como son tan caros se deben conformar con alguna pickup con el mayor equipamiento”, explican.
El beneficio para el segmento de las pickups alcanza también a las importadas. Entre las marcas que no tienen fábricas en el país dicen que hay que mirar las importaciones que realizan algunas de las terminales radicadas, que traen del exterior pickups de gran porte y equipamiento sin pagar Internos, mientras lo pagan autos medianos. Estas “chatas” poderosas compiten con mejor precios frente a muchos SUV importados.
“Hacen un gran negocio. Por eso, es posible que no todos en ADEFA estén muy interesados en que se quite este impuesto”, dijo un importador mal pensado.
Lo cierto es que, por uno de estos tres motivos (las divisas, lo politico o lo fiscal) o por la mezcla un poco de todos, los Impuestos Internos siguen con vida a través de gobierno de distintas ideologías.
