Pasan los días y la preocupación en las automotrices argentinas por la demora en avanzar en una solución para reflotar el acuerdo de libre comercio automotor con México va en aumento. El convenio entre los dos países está caído desde hace cuatro meses y tiene paralizada la importación de vehículos desde ese país con el lógico impacto en la disminución de los stocks.
Si bien las terminales e importadores locales explicaron, en marzo, que tenían un volumen de unidades que les permitiría cubrir la demanda de algunos meses, ya es mucho tiempo transcurrido y los inventarios no son interminables.
De hecho, algunas automotrices comenzaron a restringir la venta de modelos que se producen en México, tal como adelantó ayer A Roar Post. En principio, el recorte viene por la suscripción de planes de ahorro (ver nota).
El convenio bilateral fija un esquema de libre importación de vehículos hasta un cupo determinado, sin pago de aranceles, un beneficio clave para un país extrazona (fuera del Mercosur) que, de otro modo, debería afrontar un arancel del 35%. Mientras las operaciones no superen ese límite, los autos ingresan sin recargo fiscal; una vez excedido, cada unidad importada queda alcanzada por la tarifa plena.
Ese marco regulatorio corresponde al Acuerdo de Complementación Económica N.º 55 del Mercosur, renovado cada año y actualizado por última vez en abril de 2025. Allí se estableció un cupo de u$s 773 millones calculado sobre el valor FOB de los vehículos, aplicable al total de importaciones de cada país. Con un valor FOB promedio de u$s 20.000 por unidad, el monto habilitado equivale a unas 27.000 unidades.
Las negociaciones para renovar el acuerdo llevan meses (está caído desde el 18 de marzo), pero México mantuvo una postura inflexible frente a los pedidos de la Argentina de ampliar el comercio de productos agropecuarios en el marco del ACE 6. Ante esa resistencia, los funcionarios argentinos sostuvieron que no avanzarían en la actualización del ACE 55 —el que regula el comercio automotor— sin destrabar previamente los otros rubros. Esto se debe a que la Argentina no le exporta vehículos a México y el flujo total de unidades viene desde ese país. Lo que se quiere es que México acepte importar otros productos de Argentina para que haya un equilibrio comercial.
En este punto se choca con cuestiones de política interna de ese país e ideológicas. La presidente Claudia Sheinbaum quiere evitar el reclamo de los productores agropecuarios de su país por abrir las importaciones del sector. También enfrenta el problema arancelario, en materia automotriz, que tiene con Estados Unidos que hoy es prioridad y concentra toda su atención, frente a un negocio menor que representa el comercio con la Argentina. A esto se suma las posiciones políticas enfrentadas con el gobierno de Javier Milei que hace que toda negociación se haga más complicada por falta de afinidad ideológica.
El listado de modelos afectados es amplio y algunos, por su volumen, generan mayor preocupación. Desde ese país llega el Volkswagen Taos, que dejó de producirse en la Argentina a mediados de año y pasó a importarse. Era un modelo habitual entre los más vendidos. Desde la terminal y sus concesionarias dicen que aún tienen stock. También, se ven alcanzados otros vehículos de la marca, como Tiguan y Vento.
Nissan enfrenta un escenario similar: la automotriz japonesa discontinuó en Córdoba la producción de la pick-up Frontier y proyectaba abastecerse desde México aprovechando el beneficio arancelario. El lanzamiento del modelo mexicano se hará próximamente, pero está condicionado por este conflicto. Desde ese mercado también llegan los modelos Sentra y Versa.
La lista continúa con Ford, que importa la pick-up Maverick y el SUV Bronco Sport; Stellantis, con la RAM 2500; Honda, con el ZR-V; BMW, con el Serie 3; Kia, con los K3 y K4; y Chevrolet, con la pick-up Silverado.
Si cualquiera de estos vehículos ingresara hoy al país, debería pagar el arancel del 35%, lo que encarecería su precio final. El impacto, sin embargo, no es lineal: el arancel se aplica sobre el valor FOB —el precio al llegar al puerto, antes de impuestos internos— y no sobre el valor final de venta. Aun así, el efecto en el precio al público podría rondar el 20%, un ajuste significativo para modelos que dependen de ese régimen para mantener su competitividad.
De todas maneras, la semana pasada se produjo el primer hecho importante para avanzar en una renovación del acuerdo. El nuevo embajador argentino en ese país, Leandro Fernández Suárez, se reunió con el secretario de Economía mexicano, Luis Rosendo Gutiérrez para analizar el tema comercial en materia de autos.
Después de varios meses sin contacto oficiales, de esta forma, se retomaron las negociaciones. El representante argentino volvió a plantear la necesidad de que México acepte abrir su mercado a productos agropecuarios argentinos a cambio de que se renueve el acuerdo automotor. Está claro que, si bien comparado con el comercio automotor que México tiene con Estados Unidos, el volumen que le vende a la Argentina es bajo, están en juego más de 25.000 unidades que le exporta a la Argentina. No es poco.
En este encuentro no se llegó a ningún acuerdo, pero es el primer paso para volver a negociar para llegar a buen puerto, algo que va a demorar, según aseguran en el sector.
Las terminales locales, a través de ADEFA, tendrán que seguir presionando al gobierno mexicano – vía sus filiales en ese país – para que se aceleren los tiempos.
En un mercado automotor argentino competitivo como el actual, que también enfrenta una baja de la demanda, encarecer los modelos afectados por el pago de arancel no parecería posible. Lo más lógico sería discontinuar la venta de esos modelos, afectando a las empresas y al consumidor argentino que se quedaría con menos opciones.
