Las automotrices chinas, con BYD como una de las principales interesadas, continúan presionando al gobierno brasileño para obtener nuevos incentivos a la importación de vehículos en formato CKD y SKD.
Esta iniciativa no cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), que considera que el retorno del impuesto cero afectaría directamente a la industria nacional.
Ante este escenario, la entidad ha intensificado gestiones con diversos sectores sociales con el objetivo de impedir la reinstauración del beneficio, según el sitio brasileño Autoindustria.com.
El jueves 12, Anfavea publicó un comunicado en el que reveló que recibió el respaldo de 19 sindicatos y gremios ligados a la cadena automotriz para frenar la renovación del incentivo.
Estas organizaciones sostienen que permitir el ingreso de kits para ensamblaje simple pone en riesgo miles de empleos en las fábricas de todo el país, además de comprometer la actividad de autopartistas y proveedores locales.
Igor Calvet, presidente de Anfavea, afirmó que el apoyo de los trabajadores demuestra “cuánto puede afectar el simple ensamblaje de vehículos importados a los empleos en toda la cadena automotriz brasileña, con enormes impactos económicos y sociales para el país”.
El beneficio del impuesto cero bajo el sistema de cuotas estuvo vigente durante seis meses y finalizó el 31 de enero. Su eventual continuidad dependerá de una reunión de la Cámara de Comercio Exterior (Cacex).
La incertidumbre mantiene en alerta a los fabricantes locales, que ven en el régimen de incentivos un riesgo para la competitividad industrial brasileña frente a la creciente presencia de marcas asiáticas.
La carta enviada por Anfavea a las autoridades federales fue firmada por centrales obreras como CUT, Força Sindical, CTB, la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (CNTM), FitMetal y otros 14 sindicatos vinculados a regiones con plantas automotrices, incluyendo el Sindicato de Metalúrgicos del ABC.
El reclamo también cuenta con el apoyo de entidades como Sindipeças, presidentes de diversas automotrices instaladas en Brasil, legisladores, gobernadores y federaciones industriales de estados con fábricas de vehículos o motores.
La presión creciente refleja un conflicto entre dos visiones de desarrollo industrial. Por un lado, los fabricantes instalados en el país buscan preservar el contenido local, los empleos y la producción completa en territorio brasileño.
Por el otro, las automotrices chinas sostienen que los incentivos permitirían acelerar la transición hacia tecnologías electrificadas, facilitarían inversiones iniciales y contribuirían a una mayor competitividad. Mientras tanto, la decisión final de la Cacex podría definir el rumbo inmediato del sector automotor brasileño.
